Memoria social y coherencia democrática: por qué las protestas de 2004–2020 no pueden ser olvidadas por quienes hoy llaman a movilizarse
Las movilizaciones incluyeron la histórica Marcha Verde y reclamos por educación, salud y energía confiable.
Actualizado: 30 de Noviembre, 2025, 12:13 PM
Publicado: 30 de Noviembre, 2025, 11:34 AM
Por: Edwin Féliz Brito
Durante el período 2004–2020, la República Dominicana experimentó uno de los ciclos de protesta social más intensos de su historia reciente. Las movilizaciones respondieron a un malestar acumulado frente a corrupción sistémica, impunidad, deficiencias graves en los servicios públicos, decisiones institucionales controversiales, conflictos ambientales y denuncias de violaciones a derechos humanos.
La revisión hemerográfica de medios como Diario Libre, Listín Diario, Hoy y Acento, sumada a informes de organismos nacionales e internacionales, confirma que estos episodios fueron la expresión de tensiones estructurales motivadas por la falta de correcciones oportunas y por la debilidad de los controles institucionales.
Los escándalos de corrupción marcaron gran parte del período. La escasa persecución y la percepción de complicidad alimentaron la sensación de impunidad y deterioro institucional.
Organizaciones de la sociedad civil marcaron la agenda nacional denunciando estas irregularidades, destacando la ausencia de consecuencias y la debilidad de la institucionalidad de entonces, donde decisiones políticas influían directamente en los órganos jurisdiccionales. Reuters documentó la masiva "Marcha Verde" de 2017, la mayor movilización anticorrupción de la historia contemporánea del país.
Protestas por decisiones estatales y deterioro de servicios públicos
En paralelo, diversas decisiones estatales de alto impacto social generaron protestas de alcance nacional. La ausencia de una defensa estratégica ante los órganos internacionales deterioró la percepción externa del país, proyectando debilidad institucional y un clima poco favorable para inversiones.
A ello se sumó la prolongada exigencia del 4 % del PIB para educación: desde 2010, la ADP y múltiples organizaciones sociales encabezaron marchas, cadenas humanas y plantones frente al Congreso Nacional.
La demora en cumplir este mandato legal profundizó el desgaste y amplificó el malestar ciudadano, enfrentando a los políticos en el poder los mismos que hoy convocan protestas con una sociedad civil que solo exigía el cumplimiento de la ley.
El deterioro de servicios esenciales también fue un motor persistente del descontento. La crisis eléctrica, con apagones recurrentes, deficiencias de distribución y presión sobre tarifas, provocó protestas sostenidas.
Medios nacionales registraron picos de movilización en 2008 y 2018, cuando comunidades como La Romana y sectores de la capital reclamaron un servicio confiable y tarifas justas. Estas manifestaciones, que incluyeron marchas, bloqueos y plantones, reflejaron el impacto directo de la ineficiencia energética sobre la vida cotidiana y la gobernabilidad del sector.
Simultáneamente, el sistema de salud pública atravesó episodios de crisis. En enero de 2018, cientos de ciudadanos marcharon para denunciar la "crisis hospitalaria" por falta de equipos, insumos, camas y personal. Hubo paros y huelgas médicas en 2008 y 2017, que evidenciaron la precariedad de numerosos centros asistenciales.
Defensa ambiental, tensiones políticas y derechos humanos
Loma Miranda se consolidó como uno de los episodios más emblemáticos de defensa ambiental entre 2012 y 2014. Miles de ciudadanos protestaron contra la explotación minera mediante marchas bajo lluvia, campamentos, encadenamientos en la Autopista Duarte y movilizaciones frente al Palacio Nacional.
Estos eventos simbolizaron el choque entre decisiones estatales opacas y una ciudadanía organizada en defensa de bienes colectivos.
Hacia 2019, la tentativa de una nueva reforma constitucional para habilitar otra repostulación presidencial generó rechazo social transversal. Organizaciones civiles, sectores juveniles y observadores internacionales advirtieron riesgos de erosión institucional. Las protestas, extendidas por múltiples provincias, obligaron a frenar la iniciativa y evidenciaron la sensibilidad ciudadana ante cualquier intento de concentración del poder.
A todo esto se sumó un patrón recurrente de denuncias por violaciones de derechos humanos. Informes nacionales e internacionales registraron casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos y condiciones penitenciarias inadecuadas, lo que mantuvo bajo escrutinio al aparato de seguridad del Estado y provocó protestas puntuales a lo largo del período.
El saldo histórico es claro: entre 2004 y 2020 existieron razones estructurales, documentadas y legítimas para que la ciudadanía protestara. Los reclamos surgieron por corrupción sin sanciones, servicios básicos deteriorados, intentos de reformas constitucionales improcedentes, decisiones ambientales opacas y violaciones de derechos humanos.
La memoria institucional obliga a señalar que quienes hoy incentivan protestas desempeñaron un rol central en generar los problemas que antes motivaron la indignación pública.
El análisis histórico demuestra que las protestas del período 2004–2020 fueron consecuencia directa de errores de gestión, falta de transparencia y ausencia de controles institucionales por parte de los mismos sectores que hoy pretenden erigirse en voceros del descontento, promoviendo un falso descontento social en una sociedad que hoy observa una recuperación progresiva del orden institucional.
Frente a ese pasado reciente marcado por un descontento social que derivó en el cambio de gobierno en 2020, las actuales autoridades han adoptado un enfoque distinto: rigor democrático, controles internos efectivos, instituciones más sólidas y políticas públicas orientadas a la transparencia, la modernización del Estado y la protección de los derechos fundamentales.
Este giro ha permitido avances verificables en gestión pública, control del gasto, integridad administrativa y fortalecimiento de la confianza ciudadana.
En un contexto donde algunos actores intentan imponer narrativas coyunturales sin propósito ni propuestas, corresponde a la ciudadanía comparar modelos de gestión, evaluar resultados y reconocer que la estabilidad democrática se sostiene en hechos medibles.
Los últimos cinco años evidencian un avance institucional sostenido que no puede ser desconocido por quienes, habiendo generado las causas del descontento del pasado, hoy buscan capitalizar un falso descontento que solo existe en la mente de quienes no se benefician del orden y la institucionalidad actuales.
