El 36% de los casos que ingresan al sistema en materia penal corresponde a violencia de género e intrafamiliar
La cifra evidencia la importancia de atender los casos de violencia dentro del sistema de justicia penal.
Actualizado: 25 de Noviembre, 2025, 12:19 PM
Publicado: 25 de Noviembre, 2025, 12:07 PM
Santo Domingo.– El Poder Judicial de República Dominicana, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer en un acto que incluyó la Conferencia "La Violencia Vicaria" y el panel "Mujer: Víctima de violencia, tortura y barbarie".
El Poder Judicial de República Dominicana conmemoró este martes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en cuyo acto el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, reveló que los casos que ingresan al sistema en materia penal el 55% están relacionados directamente con violencia y, de estos, el 36% corresponde a violencia de género e intrafamiliar.
El magistrado Molina manifestó que estas cifras no son solo estadísticas, y afirmó que son un mapa que permite dimensionar el problema, tomar decisiones informadas y ejecutar acciones que mejoren constantemente el servicio de justicia.
Asimismo, indicó que el acceso a la justicia no es un privilegio, sino un derecho humano inalienable que se debe ejercer sin miedo ni obstáculos, sin mirar género, situación económica, migratoria u otras similares.
"Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de educar para prevenir, de desafiar los patrones culturales que han normalizado la violencia y romper el silencio cuando ocurre cualquier forma de maltrato", afirmó Henry Molina.
¿Qué acciones y políticas impulsa el Poder Judicial contra la violencia de género?
El magistrado consideró que la lucha contra la violencia no empieza ni termina en los tribunales, sino que requiere la acción conjunta de la familia, escuela, la comunidad, medios de comunicación, la iglesia y la sociedad en su conjunto.
En la actividad, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial indicó que este día establecido por las Naciones Unidas en honor a las hermanas Mirabal, es mucho más que una fecha simbólica en el calendario dominicano: "es una llamada constante a la acción, al deber moral y jurídico de proteger los derechos fundamentales de más de la mitad de nuestra población y madre de la otra mitad".
En ese sentido, sostuvo que la respuesta del Poder del Estado ha sido contundente desde el 2007 con una política de igualdad de género que aboga por una justicia con perspectiva de género.
"La respuesta que demos como sistema judicial marcará el rumbo de los próximos 30 años, por esto estamos poniendo todo el empeño en el cumplimiento de las responsabilidades que exige el momento histórico en el cual desde ya estamos construyendo la justicia del futuro", señaló.
Durante el desarrollo de la actividad se presentó el Documental "Un salto al vacío" de la escritora y artista visual, Mary Frances Attías. También, se desarrolló la conferencia "La Violencia Vicaria", que tuvo como expositoras a la magistrada Raiza Cajiga, jueza de primera instancia del Poder Judicial de Puerto Rico y la doctora Elithet Silva Martínez, trabajadora Social de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
Finalmente, los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer incluyó el panel: "Mujer: Víctima de violencia, tortura y barbarie", en el que participaron las magistradas Natividad Ramona Santos, jueza Tercera Sala, Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, tema "Análisis de sentencias sobre actos de tortura y barbarie contra la mujer, ciberviolencia y delitos sexuales" y Esther Agelán Casasnovas, jueza Emérita de la SCJ, tema " La ciberviolencia, aspectos relevantes en el nuevo código penal".
¿Qué análisis se presentan sobre sentencias en casos de violencia contra la mujer?
Además, fungió como panelista el magistrado Rafel Báez, juez de la primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien disertó sobre "Delitos de tortura y barbarie contra la mujer, su calificación en la ley núm.74-25. Tipificación del feminicidio en el nuevo código penal dominicano". La magistrada Vanessa Acosta, jueza de la Primera Sala de la SCJ y subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial hizo de moderadora del panel.
Presenta análisis de sentencias
Durante la actividad, se presentó el estudio análisis de sentencias judiciales de la República Dominicana en delitos de violencia de género e intrafamiliar, tortura o barbarie y ceberviolencia, donde se describen las características de las decisiones analizadas en esa materia en el período 2020-2024. También se señalan cuáles aspectos de la calificación jurídica, de las circunstancias personales, de modo, lugar y tiempo destacan en las sentencias analizadas.
De igual forma, se identifican los aspectos distintivos del comportamiento de quienes actúan, durante la sustanciación del juicio, apreciables en la manifestación de las pretensiones de las partes.
En cuanto a violencia de género e intrafamiliar se evaluaron 20 sentencias de diferentes distritos judiciales del país, de las cuales 17 fueron condenatorias y tres absolutorias. En los tres casos de absolución llama la atención la no comparecencia de la víctima en dos casos y la abstención de declarar en uno, señala el estudio.
Mientras que, en actos de tortura o barbarie fueron analizadas 12 sentencias de tribunales colegiados de los juzgados de primera instancia, resultando nueve condenatorios y tres absolutorias. Las penas de prisión están enmarcadas en una escala de cinco (5) a treinta (30) años, siendo que se dictaron dos condenas de cinco años, dos de quince años y el mayor número, cinco, de treinta años, el máximo de la pena en los casos.
En tanto, respecto a ciber violencia solo se analizaron cinco sentencias definitivas emanadas de tribunales de Primera Instancia, pues en estos procesos se observó que las víctimas suelen desistir y no llegan a juicio de fondo. Las condenas en prisión oscilaron entre seis meses y hasta 20 años de prisión, con 3 condenas suspendidas.

