Defensa de Guerrero arremete contra informes de Contraloría
El Ministerio Público acusa a varios exfuncionarios, incluyendo a Donald Guerrero, por presunto desvío millonario.
La audiencia preliminar, en la que el tribunal evaluará si existen méritos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo, continuará este jueves con la presentación de más pruebas y argumentos por parte de las partes involucradas.
Actualizado: 06 de Febrero, 2026, 08:07 PM
Publicado: 06 de Febrero, 2026, 07:52 PM
Santo Domingo.– La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz arremetió este jueves contra los informes presentados por el Ministerio Público en el marco del proceso preliminar del conocido como Caso Calamar, afirmando que las pruebas desmontan la acusación económica formulada en su contra.
Durante la audiencia desarrollada en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, los abogados de Guerrero aseguraron que la acusación del Ministerio Público que lo señala como uno de los principales responsables de una presunta estructura de corrupción en detrimento del Estado carece de fundamentos sólidos.
La representante legal del exfuncionario argumentó ante el tribunal que las supuestas cifras de más de RD$21,000 millones citadas en el expediente no reflejan actos de corrupción cometidos por su cliente, y aseguró que parte de la evidencia utilizada especialmente informes de la Contraloría General de la República no fue debidamente notificada ni puesta a disposición de la defensa.
Cuestionó la validez de los informes
Según la defensa, las pruebas aportadas hasta ahora demuestran que no hubo desvío de fondos ni irregularidades atribuidas a Guerrero durante su gestión como ministro de Hacienda.
- La defensa también cuestionó la validez de los informes que sustentan las imputaciones, y presentó recursos como una excepción de inconstitucionalidad contra documentos que consideran inválidos.
En el caso Calamar, el Ministerio Público acusa a varios exfuncionarios, entre ellos los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta Fernández (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo Terrero (Obras Públicas).
Además de ex altos cargos como el excontralor general de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana y otros imputados vinculados a instituciones públicas.
La acusación del órgano persecutor sostiene que los implicados integraron una red que presuntamente desvió fondos del Estado mediante pagos irregulares por expropiaciones y otras maniobras financieras, lo que habría generado un perjuicio millonario a las arcas públicas.
La audiencia preliminar, en la que el tribunal evaluará si existen méritos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo, continuará este jueves con la presentación de más pruebas y argumentos por parte de las partes involucradas.
