

La Junta cercada por el Contrato SOMO


automatización de las oficialías
civiles.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El informe de la auditoria externa del contrato suscrito entre el Consorcio SOMO y la Junta Central Electoral para la automatización de las oficialías civiles, obtenida por el programa el Informe, con la periodista Alicia Ortega, demuestra serias irregularidades.
Unas 34 organizaciones empresariales y de la sociedad civil reclamaron someter a la justicia a los funcionarios señalados como corruptos, mientras críticos opinan que el gobierno no ha dado indicios concretos de que se actuará en ese sentido, más aun cuando el presidente Fernández a atribuido las denuncias a una campaña mediática.
La auditoria externa ordenada para auditar el contrato entre la Junta Central Electoral y el Consorcio SOMO señala serias anomalías que genera alarma entre diversos sectores que consideraron el acuerdo lesivo al interés nacional.
No obstante, hubo una condena a la Junta Central Electoral mediante laudo arbitral al pago de nueve millones de dólares al consorcio Soluciones Modernas.
El programa el Informe desglosó las irregularidades detectadas y presentó la situación en que están las oficialías hoy día, 5 años después de la firma del contrato.
La auditoria externa del proyecto SOMO revela irregularidades tanto por parte de la Junta Central Electoral, como el Consorcio de Soluciones Modernas.
35 millones de dólares para un proyecto que debería haber automatizado más de 160 oficiales en el país.
La auditoria también destaca que el contrato con SOMO adolece de disposiciones respecto al uso y actualización de las licencias de software en prejuicio de la Junta, ya que las actualizaciones de las mismas son necesarias para operar cualquier sistema.
De su lado, los representantes del Consorcio SOMO restan importancia a esta auditoria remitiéndose al Laudo Arbitral de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo que dijo en sus considerandos “que el contrato suscrito entre las partes en litis no establece como mecanismo de solución de conflictos la realización de una auditoria o experticio técnico y menos cuando tal auditoria es realizada por una entidad contratada por una de dichas partes.
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