En los actuales momentos no vale gestionar percepciones, y menos con un tema como los feminicidios; se necesitan acciones. Aunque hay que reconocer que este es un problema que está inculcado dentro del sistema y el pensamiento conservador involutivo de la sociedad Dominicana, donde aún se corrige a golpes a los niños o con algún tipo de violencia verbal.

Pero podemos cambiar. El machismo es una conducta aprendida que se puede revertir con educación hogareña y escolar: enseñar a los niños a respetar y hacerles saber que existe la igualdad entre hombres y mujeres, más allá de las capacidades físicas. Pero, ante todo esto, debemos dejar atrás la crianza del “garrote” y tomar medidas que persuadan al posible abusador.

Mejorar y eficientizar la atención a las víctimas de violencia de género es algo que no puede esperar. Hoy, la sociedad llora por la muerte de Esmeralda; evitemos que alguien más sea víctima y ojalá dejemos de aprender lecciones a garrotazos o, como popularmente decimos, «poner candado después que nos roban». Debemos revisar estructuralmente lo que está fallando y adelantarnos a posibles acontecimientos.

Este reciente caso refuerza la percepción de que las víctimas no reciben la protección que ameritan; es una estocada al esfuerzo que las autoridades pregonan hacer contra la violencia de género. Mientras sigamos criando niños agresivos (el 63 % de los niños ha sufrido algún tipo de violencia en RD, según Unicef) y desde el Estado no exista una política clara, los casos como el de Esmeralda podrían repetirse.

Que la capacidad de no sorprendernos no nuble la inteligencia que tenemos como seres humanos de adelantarnos a los hechos. La ola de feminicidios tiene uno de sus orígenes en el machismo irracional inculcado y en la crianza agresiva de los niños, y es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar desde ya.

No solo quitemos la mitad del presupuesto a los partidos; también eliminemos el «barrilito» y el «cofrecito» de los legisladores, depuremos la nómina pública y, sobre todo, disminuyamos al mínimo los gastos superfluos en los que, por cuestión de burocracia, incurre el Estado.

La intención de ajustarnos los cinturones ante la crisis actual no solo debe abarcar lo público, sino también lo privado. Lo que podamos hacer en lo colectivo juega un papel importante, pero también a nivel individual, aunque sea duro pedirlo cuando no todos están dispuestos a hacerlo.

La austeridad no tiene sentido si es selectiva. Para superar esta crisis y reducir nuestra vulnerabilidad externa, el compromiso debe ser total: desde la oficina de los funcionarios y legisladores hasta el hogar del ciudadano.

El llamado «granero del sur» ha dado muestra de unidad, civismo y voluntad al rechazar aquello que sentía como una amenaza a su principal activo: la agricultura. Que el ejemplo de San Juan sirva para otros pueblos.

Levantarse de manera pacífica y con un objetivo en común contra aquello que rechazan y contra quienes quieren vender «espejitos por oro» es un derecho inalienable que otorga la democracia; la presión social es un deber ante una amenaza.

Pero, a todo esto, ¿qué habría sido del proyecto de explotación si el pueblo no alza su voz? ¿Habría este gobierno, o cualquier otro, pensado en el bienestar de San Juan? Sea usted el jurado; al final, los pueblos oyen, los pueblos callan, pero, tarde o temprano, hablan.

Y es precisamente en esta práctica en la que nuestro país no ha tenido buenas experiencias; para muestra, un botón con las denuncias de daños ambientales contra la empresa que explota la mina en la provincia Sánchez Ramírez, que, a pesar de «lavar oro», no se desarrolla de manera proporcional a la riqueza que se le extrae.

Es en ese espejo en el que se mira la provincia San Juan, cuyo principal activo es la agricultura. El «granero del sur» depende del agua y, por eso, el celo de toda su sociedad; y es que, por más viable que sea un proyecto de explotación minera en esa zona, siempre generará desconfianza por la pobre institucionalidad del país.

No se puede generar «riqueza material» a costa de los recursos básicos para la vida; aun así, el problema real es la falta de confianza en que el Estado pueda fiscalizar y proteger el agua a largo plazo. ¿Oro o agua? Esa es la cuestión.

Los datos no mienten y nos dejan mal parados, pues en nuestro país el 63 por ciento de los niños (según Unicef) ha sufrido algún tipo de violencia, y entre el 45 % y el 60 % de los mayores de 60 años enfrenta la pobreza, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo de 2021.

En pocas palabras: golpeamos a nuestros hijos y el Estado tampoco crea las condiciones para proteger a los envejecientes. Entrar a la tercera edad (60 años en adelante) es una condena; la insuficiencia de los programas sociales se combina con el hecho de que el 85 por ciento no recibe una pensión.

Cuidar a quienes nos precedieron y a quienes nos sucederán no es un acto de caridad, es un deber de justicia moral. La verdadera medida de nuestro desarrollo no está en el crecimiento económico, sino en cómo protegemos a los más vulnerables.

En un país medianamente organizado y con una gestión responsable, ya se habría sabido el origen de la falla eléctrica y se habría comunicado a la opinión pública; pero recordemos que, en estos tiempos convulsos, se gestionan percepciones y no soluciones.

¿Podemos esperar nuevas fallas? Por supuesto que sí. Aunque suene pesimista, sabemos que, como país, tenemos muchas debilidades que, lamentablemente, seguiremos arrastrando hasta que “echemos nuevas raíces por campos y veredas para poder andar”, como diría el cantautor español José Antonio Labordeta.

Peor aún: el Metro de Santo Domingo se arriesga a perder la confianza de aquellos que lo han convertido en una opción prioritaria de su día a día. No podemos aspirar a ser una metrópolis moderna si los pilares de nuestra infraestructura fallan.

No hay una amenaza más latente a la seguridad en las avenidas que los motoristas de pasajeros, los conductores de carros y autobuses pertenecientes a sindicatos, y los camioneros. Ellos son los principales «matones» de las calles, los que imponen su propia ley.

El caso de Santiago, en el que un chofer que conducía un camión de basura fue atacado hasta la muerte por motoconchistas, es una muestra más de que estos actúan como manadas, de forma irracional; según ellos, “un golpe a uno es un golpe a todos”, pues en su mundo solo existen sus propias normas.

Depende de las autoridades sentar un precedente que sirva de corrección a este tipo de conducta, que es más frecuente de lo que algunos creen; la violencia sistémica ejercida, necesita ser arrancada de raíz y con esto empezar a demostrar que no somos una selva con asfalto.