CARACAS, Venezuela.- El proceso de apelación de la sentencia de casi 14 años que le fue impuesta al opositor venezolano Leopoldo López se enfrentó este jueves a nuevos obstáculos pues el dirigente no pudo ser trasladado al tribunal y un abogado se reportó enfermo, razones que llevaron a una segunda suspensión de la audiencia.
La primera audiencia de apelación había sido diferida para hoy después de que fuera suspendida el pasado 20 de junio debido a la indisposición de uno de los magistrados.
Este jueves la vista también fue cancelada debido a que López no pudo ser trasladado al Palacio de Justicia y porque la defensa de otro de los opositores presos se enfermó, causas que fueron informadas por la defensa del opositor que lamentó el nuevo retardo.
A las dos sesiones fallidas han intentado asistir los abogados españoles Alberto Ruíz Gallardón y Javier Cremades como refuerzos internacionales del equipo de defensa de López que han visto frustrado su objetivo de apoyar jurídicamente al opositor aunque han señalado que regresarán al país cuando se realice la audiencia.
Los españoles llegaron ayer a Caracas y hoy regresan a su país tras calificar estos escollos a la audiencia como violación a los derechos humanos del dirigente.
«Desde un punto de vista de la defensa de los derechos humanos la libertad de una persona no puede depender de que se ponga enferma una juez o una letrada», dijo Gallardón a periodistas después de que se supiera de la suspensión de la audiencia.
El también exalcalde de Madrid exigió por ello que hasta que se celebre la vista de apelación «se sustituya la situación de prisión militar» de López «o por una libertad absoluta o en último extremo por un arresto domiciliario».
Por su parte, Cremades resaltó que mientras López siga preso los jueces de Caracas le deben una explicación al mundo «y particularmente a la comunidad internacional de juristas».
El letrado destacó que Venezuela es hoy «el principal campo de juego de los derechos humanos en el mundo» y señaló que «la única solución digna que esta justicia simulada puede adoptar es la libertad incondicional de López, declarando la nulidad de su juicio».
Bajo este escenario, Cremades prometió regresarán a Venezuela «tantas veces como sea posible».
Juan Carlos Gutiérrez, principal abogado defensor del opositor, afirmó que la causa de la suspensión de la audiencia «no es imputable a Leopoldo López, ni tampoco a la defensa» pues se trata de «fallos en el traslado» y que «cualquier abuso cometido» contra el dirigente «son imputables al Ministerio de Defensa».
«El encarcelamiento de Leopoldo López debe terminar, de manera inmediata, así llevaremos esta denuncia y estaremos preparados para la próxima sesión, el equipo defensor estará preparado para cualquier eventualidad», dijo Gutiérrez.
El abogado también informó que la enfermedad del defensor de Christian Holdack, uno de los jóvenes que es juzgado junto a López, también fue elevada como causa de la cancelación de la vista.
A las puertas del Palacio de Justicia acudieron también la madre de López, Antonieta Mendoza, y la esposa del opositor, Lilian Tintori, además del presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup y otros diputados opositores.
Tintori dijo que «la realidad es que a Leopoldo lo tienen secuestrado» y por ello no se produjo el traslado, mientras Ramos Allup señaló que el caso de López se ha convertido en el más emblemático dentro y fuera del país «porque se ha lesionado gravemente el sistema de justicia».
Entretanto, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) intentó hoy sin éxito visitar a los estudiantes y políticos presos de Venezuela, según afirmó el diputado uruguayo Gustavo Penadés, uno de los siete parlamentarios de esta delegación.
La comisión del Parlasur tenía previsto visitar a los políticos presos, exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos; alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; al opositor Manuel Rosales; y a los estudiantes Rosmit Mantilla, Gilberto Sojo y Renzo Prieto, para constatar su situación de derechos humanos.
Penadés explicó que las autoridades les dijeron que no podían ingresar a los recintos o simplemente no les decían «nada», por lo que aseguró que si no les permitieron el acceso a las cárceles venezolanas es «porque tienen algo que ocultar».
López lleva más de dos años en prisión y fue condenado a casi 14 años de cárcel por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio en relación con los hechos violentos registrados tras una marcha antigubernamental el 12 de febrero de 2014 convocada, entre otros, por él.
