MÉXICO.- Organizaciones de la sociedad civil señalaron hoy que el Estado mexicano «simula» el cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) en febrero de 2015.
En un «informe alternativo» al CED, las agrupaciones sostuvieron que las desapariciones en México van en aumento y la mayoría permanecen impunes, y que persisten la «estigmatización y criminalización» de las víctimas para justificar la falta de búsqueda e investigación.
Manifestaron asimismo «su preocupación por el hecho de que las desapariciones de personas continúan en aumento y la mayoría permanece en una situación de impunidad», indicó en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los grupos firmantes del reporte.
Las organizaciones, que acompañan y representan a familiares de personas desaparecidas, sostienen que el «escrutinio internacional es una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la grave situación de desapariciones».
Además, instaron al Estado «a mostrar su voluntad política» aplicando las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado para el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y del propio CED.
En febrero de 2015, el CED emitió sus observaciones finales a México y estableció tres recomendaciones sobre las que el Estado debía informar en un plazo de un año.
El Comité pidió que el Estado estableciera un registro único de personas desaparecidas, un mecanismo trasnacional de búsqueda y acceso a la justicia y medidas para fortalecer la búsqueda inmediata y, en caso de fallecimiento, la restitución digna de los restos.
El Estado mexicano presentó su respuesta sobre el cumplimiento de las recomendaciones en febrero de 2016.
Respecto al registro único de personas desaparecidas, las organizaciones civiles señalaron que el actual Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) «no cumple con los estándares del CED» y omite el número de personas encontradas con vida y sin vida.
Tampoco arroja información que «permita determinar si se trata de una desaparición forzada». En lugar de establecer un solo registro como recomienda el CED, el Estado elabora nuevos registros para paliar las deficiencias del RNPED, lo cual abona a la confusión.
Además, el Registro hace invisibles a las personas migrantes y a niños, niñas y adolescentes.
Sobre el mecanismo trasnacional de búsqueda apoyo exterior mexicano de búsqueda e investigación y la comisión forense, las organizaciones celebraron la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y la apertura de su titular.
Pero manifestaron su preocupación por la falta de recursos y personal, y la resistencia a remitir casos que vinculan a la delincuencia organizada argumentando que debe investigarlos la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido).
Sobre la búsqueda inmediata de personas desaparecidas e identificación forense señalaron que los avances presentados por el Estado mexicano «son cambios cosméticos y sin estructuras operativas que permitan su implementación».
También señalaron que «persisten prácticas de estigmatizar y criminalizar a las víctimas» o pedir sumas de dinero para desalentar la denuncia.
Precisaron que el retraso en la implementación de la base de datos ante mortem/post mortem y la falta de una política de exhumación e identificación de restos humanos en fosas clandestinas «han obligado a las organizaciones de familiares a iniciar búsquedas por sus propios medios en al menos siete estados a pesar de los riesgos».
En otras puntos señalaron la falta de implementación de medidas cautelares, la excesiva burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la falta de actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Otras de las organizaciones que elaboraron el informe son el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
