La reforma policial

Prometida, discutida, esperada y hasta llorada por largo tiempo, al fin la Cámara impartió su aprobación y convirtió en ley en dos lecturas consecutivas, el necesario proyecto de Reforma Policial. La misma establece el marco legal y las normas para la realización de cambios significativos en el cuerpo de orden público.

Estos cambios están supuestos a producir una transformación radical en la institución y destinados a convertirla en un instrumento eficaz en la prevención y el combate a las actividades criminales que mantienen conturbada a la población. Esto implica rescatar la confianza y lograr la colaboración activa de esta, sin lo cual no es posible recobrar el anhelado clima de la hoy seriamente quebrantada seguridad ciudadana.

Ahora bien: nadie puede llamarse a engaño pensando que estos cambios se van a producir de la noche a la mañana. Se trata de un proceso progresivo que tomará tiempo y requerirá superar numerosos obstáculos. Algunos de entre entre varios: sanear las filas policiales de todos los elementos corruptos; desmontar las islas de intereses y poder enquistadas en su seno; reclutar personal calificado tanto en el plano profesional como ético y convertir el servicio meritorio en exclusivo escalón de ascenso.

Además, necesario estrechar la relación del trabajo policial con la labor del cuerpo fiscal y el accionar de los tribunales. Esa relación no ha sido hasta ahora lo cooperativa y fluida que debiera, sobre todo en el caso de la judicatura. Han sido frecuentes las quejas de las distintas jefaturas que han estado al frente de la institución sobre la facilidad con que elementos de extenso prontuario delictivo que figura en sus archivos, son apresados una y otra vez y en breve están de nuevo en las calles cometiendo nuevas fechorías.

Pero del mismo modo, hay que estar conscientes que ni la Reforma Policial será una varita mágica que por sí sola de solución al auge de la delincuencia que mantiene en atemorizante zozobra a la ciudadanía, ni tampoco el hecho de que los jueces se muestren más drásticos al momento de dictar sus fallos, sobre todo cuando media un largo

historial de reincidencias que establecen el alto perfil de peligrosidad de los sometidos.

Prevenir, combatir y someter la rampante criminalidad requiere de una política integral que involucre no solo los efectos sino y, también diríamos, que sobre todo las causas. No es por azar la creciente participación de jóvenes y adolescentes en hechos criminales, a veces de unas características tan brutales que horrorizan.

Nuestro país arrastra el gravoso pasivo social de cientos de miles de los llamados “Ni-Ni”, que ni estudian, ni trabajan, en su gran mayoría provenientes de hogares y familias inexistentes de hecho, huérfanos de valores, carentes de destrezas laborales y sobre todo, sin un horizonte a la vista de esperanza y mejoría en sus condiciones de vida.

Circunstancias tan precarias y marginales de existencia, constituyen el caldo de cultivo de que se alimenta el mundo de la criminalidad. De ellos es que se nutren las bandas. Y se emprende la torcida ruta que va del delito menor rumbo hacia el crimen mayor.

Es una realidad a la que no podemos ser ajenos. Y que requiere cambios profundos hacia una sociedad más abierta y equitativa, de rescate familiar, de valores, con reales oportunidades de progreso por el camino recto del estudio y el trabajo para esa juventud que con todo derecho reclama su espacio.

Mientras no se logre, todo cuanto hagamos no pasará de ser amagos de solución, tratamiento de superficie donde en realidad se requiere cirugía de fondo.