Dilma Rousseff (Foto de archivo)
BRASILIA.- El exministro de Hacienda Nelson Barbosa insistió hoy en que el juicio político abierto contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, carece de «toda base legal», al intervenir ante la comisión del Senado responsable del proceso.
Barbosa, quien fue titular de Hacienda entre el 18 de diciembre de 2015 y el 12 de mayo pasado, cuando Rousseff fue suspendida de sus funciones, compareció como testigo de la defensa y presentó una densa explicación técnica sobre las supuestas maniobras fiscales que han dado pie al juicio de destitución.
La acusación se basa en decretos que alteraron los presupuestos que Rousseff firmó sin la debida autorización del Congreso y en una serie de atrasos en los pagos de compromisos del Gobierno con los bancos públicos que generaron una abultada deuda, que fue omitida de los resultados de los años 2014 y 2015.
Según Barbosa, esos decretos son previstos en las leyes referidas al manejo de los presupuestos y fueron aprobados por las cámaras legislativas, aunque admitió que el visto bueno del Congreso fue dado meses después de que fueron firmados e incluso ejecutados.
También insistió en que no hubo «ninguna irregularidad» en las relaciones del Gobierno con la banca pública y negó que las deudas acumuladas constituyeran créditos, como sostiene la acusación por el hecho de que acabaron generando elevados intereses.
Barbosa admitió los atrasos, que comenzaron en 2013, se agravaron en 2014 y continuaron, aunque en menor medida en 2015, y los explicó por una fuerte caída de la recaudación tributaria, que hizo mella en la capacidad del Gobierno de honrar esas deudas.
Según el Tribunal de Cuentas, órgano auditor del Estado, esas deudas se originaron en la decisión del Gobierno de no depositar en la banca pública, usada como agente de pago, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos agrícolas, entre otras obligaciones.
Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que en 2014 cerró en unos 40.000 millones de reales (hoy 11.600 millones de dólares) y en 2015 se mantuvo en niveles similares, aunque fue cancelada casi en su totalidad a fines de ese año.
La comisión, formada por 21 senadores de todos los partidos con representación en la Cámara alta, volverá a reunirse la semana próxima para continuar escuchando testigos de la defensa y la parte acusadora.
La fase procesal concluirá a fines de julio, cuando el instructor de la comisión presentará un informe en el que deberá recomendar la destitución de la mandataria o que la causa sea archivada.
Ese informe será sometido entre los días 1 y 2 de agosto al pleno del Senado, que deberá decidir por una mayoría simple de 41 votos entre sus 81 miembros si la causa prosigue.
Si así fuera, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien comparte la responsabilidad del juicio con el Senado, deberá convocar al pleno de la Cámara alta para una última sesión, que sería a mediados de agosto.
En esa definitiva instancia, Rousseff será destituida si así lo decide una mayoría calificada de dos tercios de los senadores (54 votos).
En ese caso, el presidente interino, Michel Temer, que sustituye a Rousseff desde el pasado 12 de mayo, debería completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si la mandataria es absuelta retomará el cargo una vez que se publique la sentencia.
