La iniciativa forma parte de un convenio que fue firmado entre el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y el director ejecutivo de Progetto Esperanza (ONLUS), el italiano Francesco Padovani, con la presencia de la procuradora general adjunta Marisol Tobal, titular de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.
El procurador Domínguez Brito valoró el acuerdo, mediante el cual desde el Ministerio Público se impulsarán acciones en apoyo a la iniciativa del establecimiento del Centro de Atención Integral para Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, que será creado y gestado por ONLUS, para la implementación de medidas alternativas.
Conforme se acordó Progetto Esperanza proporcionará la estructura física en la que funcionará el proyecto, así como las estancias físicas donde descansarán los jóvenes, asesoría técnica, gestión administrativa, y ofrecerá facilidades de acceso a los servicios de salud y transporte, entre otros.
El convenio además incluye la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional liderada por la Coordinación Nacional de Niños y Adolescentes de la Procuraduría General para definir de forma continua las estrategias, planes de acción, elaboración de protocolos y programas para los adolescentes en conflicto con la ley penal que formen parte de ONLUS.
De igual manera, se gestionará la designación de un equipo multidisciplinario (psicólogo, trabajador social y educadores) que sirvan de apoyo al Progetto Esperanza en el contexto del piloto.
En un plazo de 45 días se elaborará el protocolo de actuación correspondiente para la derivación de los adolescentes y los procedimientos a seguir bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, dependencia del Ministerio Público.
El acuerdo fue firmado con una vigencia de cuatro años.
