Seis candidatos presidenciales de otros tantos partidos de oposición se aparecen de manera intempestiva en la Junta Central Electoral, sin previo aviso ni convocatoria, para reclamar una reunión del pleno y la aprobación del conteo manual en todos los niveles. Son los mismos que anteriormente habían consensuado con la Junta el sistema electrónico que ahora objetan.
Por control remoto se suma, Hatuey de Camps, sin duda alguna el más experimentado y avezado político del grupo. Profundamente frustrado por la inutilidad de los tenaces esfuerzos que desplegó con la finalidad de lograr la integración en un frente opositor ante la ceguera y sordera de los restantes partidos que adversan al gobierno, ha descartado públicamente la posibilidad de una segunda vuelta por esa razón y pronosticado como segura la victoria de Danilo Medina.
Durante varias horas los inesperados visitantes se reúnen con los magistrados integrantes de la Junta, a excepción de su presidente, Roberto Rosario, quien estaba de recorrido por el interior visitando las distintas juntas para verificar la buena marcha del proceso. Posteriormente, Rosario expresa que la Junta no se reúne bajo presión, sino que es su facultad convocarla y se queja de que no se hubiese solicitado previamente la reunión por los canales normales, bastando incluso una simple llamada telefónica.
Como se recordará el pleno de la institución había acordado el conteo manual conjuntamente con el electrónico para el nivel presidencial y vicepresidencial y que, en caso de que el resultado del escrutinio arrojase alguna diferencia entre uno y otro, prevalecería el conteo manual. Esta resolución fue aprobada por cuatro de los cinco magistrados, o sea por amplia mayoría.
El acuerdo no contentó a los partidos de oposición por lo que el pleno, en nueva reunión, dispuso para las candidaturas congresual y municipal que en caso de que el conteo electrónico, que serviría de garante a los partidos minoritarios que no disponen de la cantidad necesaria de delegados de mesa para cubrir todos los colegios de votación, sufriese algún tipo de interrupción que no pudiera ser
resuelta en un lapso máximo de 20 minutos, se procedería al conteo manual también en esos niveles de votación.
Pese a todo ello, los partidos de oposición, que no supieron unirse para hacer un frente común contra el PLD, ahora en cambio lo hacen para acosar y presionar a la Junta insistiendo en reclamarle el conteo manual total bajo la amenaza de crear una crisis post-electoral.
¿Qué hacer ante esta situación que pudiera empañar la buena marcha del proceso electoral mejor organizado, más abierto, transparente y observado en la historia política del país? Ya la contraparte, Danilo Medina, a quien las encuestas le atribuyen una ventaja abrumadora, ha declarado que no le importa el sistema de conteo que se utilice, con lo cual deja expedito el camino a cualquier decisión que se tome.
La Junta goza de gran apoyo popular, como antes ninguna otra, así como de enorme prestigio internacional. Su honestidad y legalidad está más allá de toda sospecha. Voces y plumas acreditadas así como e que lo reconocen y la apoyan frente a la tesitura creada así como editoriales de respetados medios de prensa sugieren acceder al conteo manual total para evitar interrupciones y entorpecimientos al proceso lo que sin dudas retrasará el anuncio de los resultados.
Roberto Rosario declara por su parte que el conteo manual está aprobado en los tres niveles. La única diferencia es que para la boleta presidencial serán contados manualmente después de escaneados y en los otros niveles antes del escáner. ¿Complacerá esto a la oposición? Es casi seguro que no ¿Y entonces…? Desde el punto de vista jurídico no parece que tenga asidero el argumento de que si no se realiza el conteo manual se estaría violando la Ley Electoral, donde al menos expresamente no se menciona el mismo en lo absoluto. El problema, en realidad y por consiguiente, queda referido a una cuestión de interés político. No es la primera vez que aplicando criterios pragmáticos, el mismo es sobrepuesto a los aspectos jurídicos e institucionales.
Bajo este prisma y circunstancias, acceder a seguir el mismo procedimiento para los 3 niveles no significaría en modo alguno ceder. La Junta puede permitirse hacerlo sin por ello perder la autoridad que le compete por ley y ha sabido justificar por su actuación diáfana. Esto así, sin dejar de reconocer con profunda pena, que tal como expresa su
presidente “la Junta Central Electoral se moderniza pero los partidos se quedan en el pasado”.
Una realidad tan penosa como que el ejercicio político en nuestro país sigue anclado en las mismas prácticas y vicios que lo han ido degradando. Y de igual modo, disminuyendo y llevando a punto de crisis el prestigio cada vez más menguado de nuestra partidocracia resistida a aprobar la ley de partidos y a cuanto ordenamiento jurídico pueda limitar su libre accionar como hasta ahora.