WASHINGTON, Estados Unidos.- El secretario de Educación de EE.UU., John B. King Jr., pidió hoy a las universidades del país que supriman de sus requisitos para matricularse la solicitud del historial de antecedentes penales.
King anunció un nuevo plan Departamento de Educación para aumentar el acceso a la educación superior de jóvenes con antecedentes, en un acto en la Universidad de California (UCLA), en la que ya no se exige la presentación del historial criminal.
El plan consiste en una guía de recomendaciones que propone maneras alternativas para que las universidades mantengan la seguridad en el campus sin necesidad de excluir a estudiantes con antecedentes.
King argumentó que este paso es necesario para garantizar la reinserción de los jóvenes que han tenido problemas con la justicia.
El secretario defendió que «los que estuvieron involucrados en el sistema de justicia criminal en su pasado pero pagaron su deuda con la sociedad deben tener la oportunidad de una educación superior».
Los procesos de solicitud a las universidades de EE.UU., conocidos por ser largos y complejos, no deben «poner barreras» a los que tienen antecedentes penales o criminales, ya que así solo se prolonga su exclusión del sistema, argumentó King.
Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, señaló que «a demasiados estadounidenses se les niegan oportunidades», incluido el acceso a la universidad, por haber sido «detenidos en el pasado».
El requisito de presentar información criminal disuade a potenciales candidatos con buenas calificaciones académicas de presentar siquiera su solicitud a programas de educación posterior a la obligatoria, según el Departamento de Educación.
Las sugerencias del Departamento de Educación pasan por posponer la solicitud del historial criminal hasta después de tomar la decisión de si el estudiante merece ser admitido en la universidad.
El 66 por ciento de las universidades solicitan a los futuros estudiantes su historial criminal, aunque algunas alegan que no influye en su proceso de admisión del estudiante, según el informe del Centro de para Alternativas Comunitarias que se basa en datos del gobierno federal.
