Cumple el Tribunal Superior Administrativo con las necesidades electorales del poder, al emitir una sentencia que suspenden, provisionalmente, la resolución 6-2015, de la Junta Central Electoral, la cual regula la distribución de los Diputados, según la población, tal cual establece el Artículo 81, de la Constitución de la República.
Modifica la Constitución este Tribunal, de la misma manera, en que otros tribunales lo han hecho, pero, el presidente de la junta, esta vez dice, convenientemente que acatará el fallo. Todo lo contrario con la Dirección General de Contrataciones Públicas, institución que llevó al Tribunal Constitucional, por el manejo de los fondos asignados a ese organismo.
Obedecen a sus amos los Jueces del Tribunal Superior Administrativo, al igual que lo hicieron con el concurso de las Plantas a Carbón, de Punta Catalina. Es una anomalía democrática que todas las instituciones de un Estado se dispongan al servicio de las necesidades electorales del Partido de Gobierno.
Pasar por alto esta nueva infidelidad Constitucional es una obscenidad política y electoral de la sociedad. Dadas las múltiples violaciones, delitos y crimines electorales que rodean este proceso comicial. Un proceso electoral viciado, tanto en el orden institucional de escogencia o de selección, como en las propuestas de candidatura de los Partidos. Pues su falsedad original comenzó por la Reforma Constitucional, para permitir la reelección del Presidente Medina, basada en el derecho natural que lo otorgaba su popularidad, y ordenada por el Comité Político del Partido de Gobierno.
Pierde su condición de árbitro este tribunal, puesto que comete la arbitrariedad de modificar la Constitución, para beneficiar a un sector del Poder Político, y resolver pugnas internas en los partidos aliados al Gobierno. Es decir, que comete el delito de prevaricación, y sigue el modelo del Comité Político, del Partido de la Liberación Dominicana, al decidir reelegir a todos los Senadores, al 70% de los Diputados y a muchos Alcaldes.
Imita a la Secretaria de Asuntos Municipales del Partido de Gobierno, quienes por orden del Comité Político, le imponen a la Asamblea de Municipios, un Secretario General de la Liga Municipal Dominicana ¡Señores! todo un Estado y una sociedad obediente y sumisa a los caprichos de un Partido en el Poder. ¿Es la democracia que todos quieren?