México.- La detención en España de Humberto Moreira, exlíder del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), sacudió hoy a la clase política de México, donde los principales partidos de oposición exigieron al Gobierno actuar contra el político.
El conservador Partido Acción Nacional (PAN) pidió aplicar «todo el peso de la ley» a Moreira, quien también fue gobernador del estado de Coahuila de 2005 a 2011, y sostuvo que México tiene «la gran oportunidad de demostrar que es capaz de aplicar la ley a todos aquellos que cometen un delito, sin distinción de partido».
«Sería un error imperdonable que el exgobernador y expresidente priista quedara impune en nuestro país», señaló en un comunicado.
La agrupación recordó que ha presentado diversas denuncias contra Moreira por la deuda que su gobierno contrajo desde 2008, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación.
El PAN manifestó que se mantendrá «atento al desarrollo de este caso y denunciará cualquier irregularidad en el proceso» para castigar a quien adquirió «triste fama por haber endeudado a su estado por más de 36.000 millones de pesos (unos 1.970 millones de dólares) y enriquecerse de forma inexplicable».
Por otra parte, el PAN reconoció el trabajo de las autoridades españolas por la detención, girada por el juez Santiago Pedraza.
«Es una vergüenza para el Gobierno mexicano que sea otro país quien le eche mano a Humberto Moreira, un exgobernador que dejó endeudado con más de 36.000 millones de pesos al estado de Coahuila», dijo a Efe el senador Luis Fernando Salazar, del PAN.
Añadió que «todo parece indicar que Moreira es intocable en México porque a lo largo de casi cinco años ha habido denuncia tras denuncia, en el fuero federal y en el Gobierno mexicano, y no han procedido ni avanzando».
A su vez, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifestó su aprobación por la detención del exgobernador y celebró que finalmente se haga justicia ante las denuncias de corrupción en su contra, aunque lamentó que esto lo hayan hecho autoridades extranjeras.
El PRD consideró que esto «sólo prueba y refuerza la idea de corrupción e impunidad que representa el Partido Revolucionario Institucional».
«Por tanto, tras reconocer el trabajo del Gobierno español, el PRD exige la colaboración del Gobierno mexicano ante dicha situación, y que se actúe de inmediato y se abra una línea de investigación por enriquecimiento ilícito», apuntó en un boletín.
Asimismo, deploró que el Gobierno federal «solape este tipo de situaciones y tengan que ser autoridades europeas las que hayan detenido al exgobernador por actos irregulares, mientras que en México el priista se conducía en la impunidad absoluta».
Por su parte, el PRI dijo contar por ahora con «poca información para emitir un pronunciamiento definitivo» sobre los reportes de la detención de Moreira.
«Esperemos el desarrollo de las investigaciones de la Justicia española. No hay que anticipar ni defensas ni juicios condenatorios. Las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que la integran», puntualizó.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió su propio comunicado en el que aseguró que velará porque el caso del exlíder de PRI «se apegue al debido proceso».
La embajada mexicana en España también vigilará que se respeten «sus derechos humanos» y «le brindará asistencia consular en caso de le sea solicitada, como ocurre en el caso de cualquier ciudadano mexicano, sujeto a requerimientos judiciales en el exterior», señaló en un comunicado.
El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de España ya ordenó el ingreso a prisión del político mexicano, investigado por los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, malversación de recursos, cohecho y organización criminal.
Moreira fue presidente del PRI de marzo a diciembre de 2011, cargo que dejó tras verse involucrado en un caso de supuesta contratación irregular de deuda pública en Coahuila.
En 2013 se supo que residía en Sant Cugat del Vallés, localidad próxima a Barcelona, a la que, según sus propias declaraciones, se trasladó después del asesinato de su hijo José Eduardo el 3 de octubre de 2012, a manos de presuntos miembros del grupo criminal de Los Zetas.
