SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En medio de la euforia, que en ocasiones llega a bordear la histeria colectiva por la locura en torno al debate de la política partidaria, en el país no se le presta la debida atención a temas fundamentales vinculados a la Ley, el orden y el respeto a las normativas institucionales.
Escándalos como el protagonizado por Eduardo Villamán Fadul, un funcionario consular que insultó a dos agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) en Santiago y luego agredió a uno de ellos, provocan en el momento gran revuelo, pero se esfuman rápidamente, relegados por otros acontecimientos.
Cabe preguntarse ¿Hemos meditado serenamente y con la profundidad requerida sobre la gravedad de este incidente y las malas señales que envía a la población en general y especialmente a las nuevas generaciones, que ven cómo se puede cometer un delito y salir impune, si se cuenta con un buen padrino?
Después de esta salvajada y del atropello cometido contra estos agentes que estaban cumpliendo con su deber al detenerlo por haber violado una luz roja, apenas estuvo un momento detenido, no se le formularon cargos y nada menos que un magistrado fue a liberarlo personalmente.
Pregunta tonta: ¿El desenlace de este caso, habría sido bien igual si, en lugar de una persona perteneciente a una familia de influencia política, el agresor hubiera sido un hijo de machepa, un descamisado sin posibilidad de gestionar la intervención de un protector con fuerza y poder?
Está claro que la madre de este ciudadano, la ex gobernadora Rosita Fadul, ni su tio el ministro de Interior Monchy Fadul, son responsables de la agresión cometida, pero en situaciones tan enojosas siempre se debe permitir que las autoridades actúen de forma independiente y sin presión alguna.
Todavía nadie se explica por qué la Autoridad Metropolitana de Transporte, poniendo a un lado la conciliación entre el agente y el agresor, no tomó acción legal, cuando es tan rápida y diligente en otros casos, incluso de menor rango que el acontecido.
¿Se atreverán en el futuro los agentes de Amet a detener a algún transgresor que al ser sorprendido in fraganti, invoque el parentesco con algún funcionario? ¿Cómo queda la autoridad y la ley ante hechos de esta naturaleza? La opinión pública aguarda respuestas.