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Supremo venezolano es el “brazo jurídico” del Gobierno, denuncia exmagistrada

Blanca Rosa Mármol.

Blanca Rosa Mármol.

CARACAS, Venezuela.- La exmagistrada venezolana Blanca Rosa Mármol denunció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es “prácticamente el brazo jurídico” del Gobierno del país y aseguró que tiene “conocimiento cierto” de las órdenes del Ejecutivo a jueces, aunque puntualizó que ella “jamás” recibió presiones.

Jubilada del TSJ en diciembre tras una carrera judicial de 38 años, Mármol dijo en una entrevista con Efe que ahora se siente “con más libertad” para elevar una serie de críticas sobre ese poder en Venezuela, del que señala su “falta de independencia” y su aval a actuaciones “cuestionables” del Gobierno del presidente, Hugo Chávez.

“En el Tribunal Supremo de Justicia se legitiman las ejecutorias del Gobierno y de la Asamblea Nacional; es prácticamente el brazo jurídico del régimen”, consideró Mármol, que fue juez de la Sala Penal del TSJ desde el año 2000 y hasta diciembre de 2012.

La exmagistrada se refiere, como ejemplo de eso, a la reciente “decisión a la medida” que el TSJ tomó ante la imposibilidad del presidente de presentarse por su salud al acto de investidura del día 10, en una sentencia que dio luz verde al retraso de ese “formalismo” y permitió la continuidad del Gobierno saliente.

Justamente antes de que el TSJ tomara esa decisión, Mármol ya había denunciado que fue separada “inconstitucionalmente” de su cargo el 27 de diciembre junto a otros seis compañeros antes y sin que la AN designara sus sustitutos, como lo establece la Ley Orgánica del TSJ.

“Yo desde que entré en el Supremo no estaba de acuerdo con la filosofía de este Gobierno y como magistrada una hablaba a través de sentencias y votos salvados, pero una vez fuera del tribunal puedo declarar con más libertad y, sobre todo, tras la forma que salí, atropellándose mis derechos”, manifestó.

Con voz pausada, Mármol reconoció que ella nunca se sintió coartada mientras fue magistrada del TSJ, pero aseguró que fue “víctima de exclusión” ya que hubo comisiones “en las que nunca entraba” o había decisiones importantes de las que no le permitieron participar.

“Jamás recibí una llamada”, afirma, pero apuntó que otros compañeros suyos no corrieron la misma suerte.

De acuerdo a su relato, muchas de las supuestas directrices del Gobierno a los jueces se formulan a través de los presidentes de los Circuitos Judiciales, una figura administrativa que según la exmagistrada se “distorsionó” desde los inicios del Gobierno de Chávez.

“La convirtieron en una especie de supervisores o gerentes de los jueces a través de quienes se les ordenaba a los jueces que decidieran en uno u otro sentido”, indicó.

“Yo no tengo la prueba para decir ‘en este caso lo hicieron’ o ‘en este caso no’, pero tengo el conocimiento cierto de las personas que recibieron las órdenes y de los que sufrieron las consecuencias de que esas órdenes fueron dadas”, se limitó a afirmar.

A propósito de eso, Mármol dijo que no le sorprendieron las denuncias que el también exmagistrado Eladio Aponte, destituido en marzo pasado por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Walid Makled, hizo sobre el manejo político de la justicia en el país.

Tras huir a Estados Unidos, Aponte acusó a Chávez de llamarle “directamente” para manipular casos y darle “directrices de acuerdo con el panorama político”, y también aseguró haber recibido presiones de otros altos funcionarios como la presidenta del TSJ, la Fiscal General o el entonces vicepresidente, Elías Jaua.

“No me extraña en absoluto. Vi muchas veces cómo se hacían decisiones contrarias a la ley y a la justicia y sigue sucediendo”, señaló Mármol a propósito del caso.

Un claro ejemplo de la injerencia gubernamental en la justicia es, para ella, el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida desde 2009 por haber liberado presuntamente de forma irregular a un empresario y por la que Chávez pidió públicamente la pena máxima.

“Esa es la mejor demostración de que un juez no puede ser autónomo y que no puede ser independiente porque no solo le cuesta el cargo, sino también la libertad”, apuntó.

“Yo no veo solución a un corto plazo o un mediano plazo. No, yo veo al poder judicial muy mal, está en clara involución. Mientras se legitime la actuación de los otros dos poderes por el TSJ no hay un buen horizonte para la justicia” en Venezuela, afirmó.

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