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Urgente: Repartición de culpas, crimen contra los pobres y transparencia total

Tony Pérez.

Tony Pérez.

Un enjambre de bandoleros ataviados con trajes de empresarios, jueces y políticos de todos los colores, ha trabajado durante décadas, sin descanso y con rigor, sobre el propósito común de robárselo todo. Hay consenso en que sobre ellos recae la gran culpa del desorden institucional, de la corrupción, la desesperanza generalizada, las drogas, los atracos y los crímenes. Muy bien.

Poco pensamos, sin embargo, en nuestra cuota de responsabilidad en este mal social. Porque predomina por las cuatro esquinas del país la idea de apandillarse para, como agrupamientos con malas intenciones, regodearse con sus “virtudes” y vivir como pachás mientras atribuyen todas las responsabilidades del caos a los demás.

Me pregunto a ratos:

¿Cuál sería el grado de asaltos y muertes por parte de los delincuentes callejeros, si en cada barrio o residencial no ocultáramos a los forajidos?

¿Sería alto o bajo su número si no hubiera tanta gente que compre lo robado?

¿Cuál sería el impacto del consumo de drogas en jóvenes de los suburbios, si los turpenes de los residenciales no se las llevaran y nadie cobrara peaje?

¿Qué tal el caos en el tránsito y su consecuente caterva de muertos, heridos, además del gran estrés social, si cada empresa se cuidara de emplear a chóferes locos y cada quien condujera por las carreteras, calles y avenidas pensando un poquito en los demás?

¿Y qué de la corrupción que tanto denunciamos si cada familia no festejara a sus ladrones y les retirara su aprecio en vez de aconsejarla para que “se la sigan buscando”?

¿Qué, si no relativizáramos la corrupción atribuyéndola solo a quienes no cuenten con nuestros “afectos” mientras callamos las travesuras de quienes nos benefician?

¿Y qué de la seriedad y la moral, si dependiera menos del discurso y de las loas de amigos de ocasión que forman las pandillas?

¿Cuál sería el destino de los negocios que especulan con los precios de los alimentos o los venden vencidos si la población dejara de consumirlos?

¿Qué tal la proliferación de ratas y cucarachas, y enfermedades infecto-contagiosas, si no tiráramos basura a las calles?

Me da la impresión de que podemos construir un gran país, pese a los muchos políticos y empresarios corruptos.

Un crimen contra los pobres

Según el artículo 31 de la Ley 87 de 2001, “El Senasa (Seguro Nacional de Salud) tendrá a su cargo todos los empleados públicos y las instituciones autónomas o descentralizadas y sus familiares, al momento de entrar en vigencia la presente ley, excepto aquellas que tengan contrato de seguro hasta su vencimiento o puedan crearlo en los próximos tres años, después de promulgada la ley”.

Contraviniendo sin embargo el mandato legal y una ratificación de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Contencioso Administrativo ha acogido la petición de aseguradoras privadas al suspender la resolución 189-2012 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) que dispone el traspaso a partir del 2 de enero de 2013 al seguro estatal de los 400 mil empleados del sector público.

No me sorprende ese adefesio jurídico. Desde su creación, el Senasa no se ha zafado de una conspiración; maquinación que es una apuesta en contra los pobres en tanto tal institución urge de solvencia económica para sostener y ampliar el régimen subsidiado (el de los indigentes). Y lo peor de todo es cómo ese compló tiene ramificaciones importantes dentro del mismo Estado. Verdaderos simuladores que se presentan como padres protectores de lo público cuando en realidad son ejecutivos y asesores, si no dueños, de ARS privadas.

Puedo entender aun así el reclamo de las demandantes privadas Colonial, Humano, Futuro y Meta Salud, pero no que la Seguridad Social albergue en su vientre, y hasta les pague muy bien, a algunos de sus peores enemigos.

Me apena mucho que de los primeros en oponerse a la disposición de la ley, alegando libre elección, haya sido el sindicato de empleados de la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde el seguro ha sido mediocre por mucho tiempo pese a que los descuentos al personal son automáticos cada mes. Son incontables las historias de pacientes universitarios (docentes y administrativos) que salen avergonzados y más enfermos de las clínicas al ser rechazados o relegados debido a la mala garantía del seguro.

No solo eso. Ataca a sabiendas de que hay ARS privadas que son mamotretos hechos a la carrera para producir dinero a costa de las necesidades de la población sin la mínima calidad en su oferta de servicio. No deberían existir.

La doble moral nos está matando. Unos 400 mil empleados que son permanente blanco de ataque porque “abultan la nómina pública”, de un día para otro son amados con pasión por sus mismos críticos.

Senasa, vía de sus abogados Cristóbal Rodríguez y Guillermo Sterling, ha recurrido la conjura que ha querido avalar un tribunal. Dada la profesionalidad de sus representantes, es probable que salga airoso; empero, cuando eso suceda, ¿cuánto se habrá perdido en términos económicos y de estabilidad?

Estamos ante crimen imperdonable a cuyos actores la sociedad debe identificar y juzgar. Entretanto, amén de juicio popular y de recursos legales, el Presidente Medina debe de adoptar ya las previsiones pertinentes para que los oportunistas no hagan sucumbir uno de los pocos proyectos socialmente exitosos con que cuenta el Gobierno.

Transparencia total

1,000 millones de pesos, cada mes, paga el Estado a las ARS privadas para cubrir los servicios de salud de 400 mil dominicanos y dominicanas (200 mil titulares y 200 mil dependientes). 600 de ese total están destinados al Plan de Servicios de Salud (PDSS) y 400 por concepto de supuestos planes complementarios.

Al año, él entrega a esas empresas el menudito de 12,000 millones de pesos. Demasiado dinero como para no ser auditado en tanto proviene de los bolsillos de los contribuyentes.

Habría que comenzar por escrutar tales planes complementarios para determinar si existen o si su oferta repite la cobertura del PDSS.

En esta ola de reclamos de transparencia, incluyamos “esta papita caliente”. Hay que poner en claro cada centavo sacado del erario porque uno solo que se pierda, nos empobrece más.

tonypedernales@yahoo.com.ar

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